Antamina: El contraataque judicial

13/01/2014 Iniciado el Año Judicial 2014, la Corte Suprema tiene muchos casos por resolver, expedientes que muchas veces tienen años esperando ser atendidos, debido a la sobrecarga procesal que suele tener esta máxima instancia judicial.

En este mar de expedientes, sin embargo, existe uno recién llegado que puede marcar una diferencia importante respecto a los límites que deben imponerse a los abusos de la gran minería, sobre todo frente a empresas mineras más pequeñas.

Este expediente (No. 4869-2013) es la contienda de competencia planteada por el Juzgado Civil de Huari –ubicado en la Corte Superior de Huaraz- contra el Juzgado Mixto de Llata –ubicado en la jurisdicción de la Corte Superior de Huánuco-, buscando que el proceso que actualmente mantiene Río Mosna S.A. contra la Compañía Minera Antamina S.A. en Llata pase a su jurisdicción, permitiendo así que Antamina pueda manejar el proceso a su antojo.

No contenta con ello, el contraataque de Antamina incluye también la presentación de una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Civil de Huaraz contra Río Mosna, acción que sin embargo revela algunas cosas que Antamina quiso dejar ocultas hasta hoy.

El presente informe da cuenta, entonces, de esta nueva etapa de la pugna judicial que viene sosteniendo Río Mosna  contra una de las empresas mineras más grandes y poderosas del país, etapa en la cual la Corte Suprema de Justicia va a jugar un papel relevante.

Por ello, esperamos que el mismo sirva para aclarar a los jueces supremos, al igual que al público en general, este espinoso caso, presentando sus aspectos más relevantes de manera clara y sencilla.

INICIANDO LA LUCHA JUDICIAL

Desde febrero del 2013, Río Mosna viene luchando judicialmente para evitar que Antamina lleve a cabo actividades mineras -no autorizadas en ningún momento- sobre las tres concesiones mineras que dicha empresa tiene entre Llata y Huari: “Viejo Bromley”, “Estrella del Norte” y “Don Augusto”; las mismas que, de acuerdo a lo que ha reconocido la propia Antamina, se encuentran dentro del área de su “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Antamina por Incremento de Reservas y Optimización del Plan de Minado”.

De acuerdo a este proyecto, que extrañamente cuenta con autorización del propio MEM desde el año 2011, las concesiones de Río Mosna se encuentran dentro de un gran botadero de desechos que provienen de las labores de extracción de Antamina, siendo construido a través de obras como la construcción de vías de acceso, canales y una presa de contención.

Lo curioso es que, a pesar de que Antamina reclama que estas obras son hechas sobre terrenos superficiales de su propiedad, nunca comunicó a Río Mosna del inicio de dichas obras a pesar de saber de la existencia de dichas concesiones y, peor aún, nunca incluyó al distrito de Llata dentro de su nueva área de influencia, y menos informó a las autoridades de Huánuco de que ya estaba realizando operaciones en dicha región.

Una vez conocidas estas actividades, Río Mosna encargó al perito minero Ing. Magno Ordoñez Álvarez que realice una pericia para acreditar en forma fehaciente los actos perturbatorios que realizaba Antamina en el área de sus concesiones.

De acuerdo al informe pericial resultante,  se demostró que el denominado “Botadero Este” sí se estaba implementando sobre las 3 concesiones de Río Mosna, señalando expresamente que las dimensiones del botadero “imposibilitan la realización de actividades mineras de Río Mosna en sus concesiones; es decir, en toda el área donde este botadero se está ejecutando, y en el área donde se proyecta”.

Sobre esta base, el 8 de febrero del 2013 Río Mosna solicitó ante el juzgado mixto de Llata una medida cautelar de innovar fuera de proceso, buscando con esta acción que Antamina se abstuviera de continuar con la construcción e implementación del Botadero Este.

Posteriormente, y una vez admitida la medida cautelar, la primera interpuso un interdicto de retener para asegurar el cese de dichas operaciones. Sin embargo, cuando el proceso se iniciaba y Antamina era debidamente notificada, se produjo un primer cambio sospechoso en el proceso: el juez a cargo del caso fue intempestivamente cambiado, siendo colocado en su reemplazo otro magistrado que, en un solo día, declaró improcedente el interdicto y la medida cautelar previa.

Interpuesta la apelación respectiva, la Sala Civil de Huánuco resolvió a mediados de agosto del 2013 que dicha resolución era nula debido a un error de interpretación del juez, y por tanto que le correspondía al juzgado mixto de Llata asumir la competencia territorial del caso, señalando expresamente que el art. 24º del Código Procesal Civil permitía que “además del juez del domicilio del demandado, también es competente a elección del demandante, el juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes, tratándose de pretensiones sobre derechos reales”.

EL CONTRAATAQUE DE ANTAMINA

Debido a los problemas generados con dicha decisión, y a fin de evitar cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso, la Corte Superior de Huánuco decidió nuevamente cambiar al juez mixto de Llata, nombrando al juez Manuel Jesús Cotrina Maccha al frente de dicho juzgado. Siguiendo lo dispuesto por la Sala Civil, el juez Cotrina aceptó nuevamente la medida cautelar de innovar y reinició el juicio de interdicto de retener contra Antamina, lo que implicaba que esta empresa debía paralizar en algún momento las obras y labores que seguía realizando en “su” Botadero Este.

Teniendo las de perder, Antamina apeló a una jugada procesal bastante turbia, planteando ante el juzgado civil de Huari que promueva una contienda de competencia contra el juzgado mixto de Llata, a fin de que el caso pase a su jurisdicción.

Para ello, y siguiendo el libreto de Antamina, dicho juzgado argumentó que las concesiones mineras de Río Mosna se encontraban ubicadas en su totalidad, dentro del distrito de San Marcos (hecho completamente falso e irreal), que Río Mosna habría presentado previamente una medida cautelar ante un Juzgado Civil de Huaraz, y que los peritajes que serían necesarios para resolver el caso debían ser realizados en la zona de San Marcos.

Gracias a esta contienda, planteada a inicios de noviembre del 2013, Antamina ha logrado que el proceso de interdicto ante Llata sea suspendido, por lo menos hasta que la misma sea resuelta ante la Corte Suprema.

Sin embargo, es claro que los argumentos presentados por el juez de Huari no son lo bastante contundentes para lograr que el caso pase a su jurisdicción, máxime si consideramos que una instancia superior -como es la Sala Civil de Huánuco- ya se pronunció sobre la competencia territorial del juzgado de Llata y señaló -en calidad de cosa juzgada- que dicha competencia era procedente.

Por otro lado, la medida cautelar ha sido elevada a la Sala Civil de Huánuco, la que debe confirmar su resolución anterior.

Por ello, Antamina ha optado, no solo por dicha contienda, sino por un mecanismo más directo, presentando ante el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz una acción de amparo contra Río Mosna, el juez mixto de Llata y el Procurador Público del Poder Judicial, solicitando expresamente que “se ordene a Minera Río Mosna sea abstenga de realizar actividades que estén destinadas por cualquier medio a la exploración, extracción y explotación, o en general, actividad alguna en el bien inmueble de la propiedad de Antamina, denominado Predio Yanacancha”, así como se abstenga de impedir, limitar, menoscabar el ejercicio de los derechos de Antamina, reconociendo que “se encuentra legitimada a realizar obras de naturaleza civil” en dicho predio; no obstante que las actividades que realiza Antamina son accesorias a su actividad minera.

De acuerdo a Antamina, el proceso seguido en Llata en su contra implica no solo a sus derechos constitucionales a la propiedad y la libre empresa, sino también un abuso de derecho procesal por parte de Río Mosna, redundando todo ello “en perjuicios patrimoniales que ponen en peligro en funcionamiento de sus operaciones”. Claramente esto último es una exageración, dado que las operaciones de una empresa como Antamina no pueden depender de la existencia de un solo botadero de desechos.

Sin embargo, no es lo único que esta demanda -que ya ha sido admitida a trámite el pasado 18 de diciembre del 2013- permite entrever de las falsedades que utiliza Antamina para sustentar su posición. Veamos:

En primer lugar, al señalar como primera pretensión autónoma que se ordene a Río Mosna “abstenerse de realizar actividades que estén destinadas por cualquier medio a la exploración, extracción y explotación”, Antamina está reconociendo implícitamente que dicha empresa si estaba realizando actividades mineras sobre sus concesiones y por tanto la posesión de las mismas, algo que hasta entonces Antamina había negado de todas las formas posibles.

En segundo lugar, el principal argumento de Antamina es que con sus obras ella está ejerciendo sus derechos de propiedad sobre el predio “Yanacancha”, el cual ubica tajantemente en la zona de Ancash, alegando por tanto que cualquier conflicto debe ser visto en dicha jurisdicción.

Sin embargo, en el punto V sobre Competencia y Legitimidad, Antamina dice expresamente que “conforme se destacará con más profundidad posteriormente, Antamina como empresa minera que es, necesita emplear para fines civiles el “Predio Yanacancha” que se extiende entre Ancash y Huánuco para el desarrollo de su proyecto minero en el departamento de Ancash” . ¿En qué quedamos entonces? ¿No es que este predio solo se ubicaba en Ancash? ¿Y si también se ubica en Huánuco, no puede ser también competente en juez de Huánuco por lo dispuesto en el art. 24º del CPC antes mencionado? ¿Por qué Antamina no reconoce ello en todo el texto?

En tercer lugar, en su escrito Antamina miente descaradamente al señalar que solo está destinando una extensión del predio Yanacancha “para la construcción de obras de naturaleza civil” (ver punto 6.4), cuando a lo largo del texto señala que se encuentra legitimada para operar en dicha zona gracias a la aprobación del MEM de su proyecto por incremento de reservas y optimización del Plan de Minado, el cual señala claramente que la zona será utilizada como botadero de desechos mineros. Porque si no, ¿cómo puede ser que paralizar unas cuantas “obras civiles” pondría en riesgo el conjunto de sus operaciones, y con ello sus derechos constitucionales? Es claro que si Antamina señala que ello le genera una “afectación patrimonial”, es porque detrás de estas “obritas” hay algo más importante que esta empresa no quiere reconocer.

La verdad de la milanesa, entonces -como dijimos en un informe anterior- es que Antamina no quiere dejar de operar en Llata porque -como lo reconoce en su acción de amparo- si lleva a cabo labores que son de importancia para su actividad minera, y por tanto que forman parte de este rubro.

Siendo así, tanto el distrito de Llata, como la provincia de Huamalíes y la región Huánuco deben ser consideradas zona de influencia directa de esta empresa, además de tener competencia jurisdiccional sobre cualquier conflicto que se presente al respecto. Esto es lo que Antamina no quiere reconocer, aunque luego de lo señalado en la acción de amparo va a ser más difícil que lo niegue.

UN FINAL AÚN POR DEFINIRSE

Los dos frentes judiciales abiertos por Antamina tienen un camino claro: llegar a las máximas autoridades del sistema de justicia (esto es, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional)  esperando, allí, poder hacer uso de sus influencias y de su poder económico para que las cosas se resuelvan finalmente a su favor.

Por lo pronto, ProJusticia cuenta con indicios que mostrarían un acercamiento entre el estudio a cargo de los asuntos legales de Antamina y uno de los vocales supremos, y es muy probable que lo mismo se esté haciendo con uno o más de los miembros del Tribunal Constitucional.

Con ello, Antamina echa a tierra también el “abuso de derechos procesales” que le imputa  Río Mosna, ya que si por un lado esta empresa ha apostado principalmente a la jurisdicción de Llata –que es donde en verdad corresponde ver este caso por motivos territoriales-, es Antamina la que abre todos los frentes posibles con tal de obtener una victoria judicial.

Por tanto, el final de la pugna entre Antamina y Río Mosna está aún lejos de llegar, y lo seguro es que aún tenga varios meses para definirse. Mientras, Antamia sigue haciendo de las suyas sin enfrentar el verdadero problema que está detrás de todo esto; esto es, asumir su responsabilidad como empresa frente al impacto social y ambiental que viene generando en Llata y la región Huánuco.

Solo esperamos que tanto la Suprema como el TC tomen conciencia de la realidad de este problema, y logren que Antamina sea finalmente la empresa responsable que dice ser.

FUENTE: INFOREGION