El primer caso ocurrió el 3 de abril contra la servidoras del Sociedad de Beneficencia Pública, Marilú Huerta y Rosa Aponte, quienes fueron sentenciados a seis años de pena privativa de libertad efectiva y pago de reparación civil de 26 mil soles, también fueron inhabilitación por años para ejercer cargos públicos.
Otro caso es de Marlon Conteras Berrocal, asistente administrativo del proyecto de reforestación en el distrito de Jircán, quien el 15 de setiembre del 2010 fue encontrado conduciendo el vehículo de Agro Rural en estado de ebriedad y fuera de horario de trabajo. Fue sentenciado a cuatro años de cárcel, está con orden de captura.
Hace poco un director de una institución educativa en Llata, Humalíes, también no acudió a lectura de sentencia, por lo que el juez dictó orden de captura. Éste hizo mal uso del dinero destinado para el mantenimiento de aulas.
FUENTE: CORREO
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