Los gobiernos regionales y municipales gestionan la ejecución de una serie de obras que, luego de muchos trámites y dificultades, pasando por los expedientes, licitaciones, adelantos a las empresas y/o consorcios ganadores, incluso pueden ser canceladas, como ocurre a cada rato en nuestra región y se inician con bombos y platillos.
El caso es que para ganar una licitación se debe garantizar la pertenencia de maquinaria, pero lo curioso es que recién luego de recibir los adelantos las empresas adquieren las maquinarias y herramientas o de lo contario las alquilan.
Luego de iniciada la obra se paraliza por la falta de dinero, muchas veces queda inconclusa, con deudas a los obreros, a los proveedores, etc., mientras los responsables desaparecen como sucedió con la empresa Redesa Perú que abandonó la obra del colegio de Callagan, Molino, luego de cobrar el 70 % del presupuesto, con menos del 30 % de avance. El alcalde ejecutó la carta fianza que no cubre lo adelantado y de esta manera, el Estado pierde el dinero y la población se perjudica porque sus hijos siguen estudiando en condiciones deplorables y tienen que continuar con los trámites para tratar de concluir. Si la Contraloría interviene y encuentra responsables, es solo para un simple informe sin sanción, pues no conocemos qué ninguna empresa o su representante este procesado e inhabilitado.
¿Qué pasa? ¿Dónde se termina el adelanto? Sabemos que una parte llega al bolsillo de los gerentes, alcaldes o los operadores, con el llamado diezmo o aceitada, como es considerada una acción ilícita que no da factura ni especie valorada, por lo que no se puede probar, salvo algunos casos en que “lavan” ese dinero con compras de bienes con otros nombres o se llevan a paraísos fiscales a guardarlo, como en la época de Fujimori.
FUENTE: DIARIO AHORA
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