01/08/2013 La asociación civil ProJusticia dio a conocer que la minera Antamina tendría la intención de ingresar a Huánuco por el territorio de Llata, jurisdicción de la provincia de Huamalíes, para convertir la zona en un botadero de minerales, toda vez que en el departamento de Ancash la empresa no tendría espacio para ello.
Fernando O’Phelan Pérez y Chirstian Hudwacker Pinilla, representantes de dicho organismo civil, dijeron que ProJusticia no está en contra de la minería en nuestro país, sino que se deben superar los inconvenientes que tuvo esta empresa y prevenir las secuelas que podrían ocasionar los desmontes mineros en la referida zona. De igual manera expresaron que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), hasta ahora no ha emitido un informe sobre el tema.
También se exigió públicamente un informe de la minera y que se desarrollen talleres informativos para el conocimiento de la población huanuqueña y de Llata, ya que en el mencionado distrito se vendieron terrenos a favor de Antamina sin que los comuneros sepan cuál es el objetivo de uso de los mismos.
EL INFORME DE PROJUSTICIALa empresa minera Antamina vendría realizando una serie de operaciones que estarían afectando a distritos de la región Huánuco -colindantes con el distrito de San Marcos, en Ancash, donde realiza sus actividades mineras- las cuales no contarían con la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señaló un informe de ProJusticia al que accedió INFOREGIÓN.
“En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Antamina Incremento de Reservas y Optimizacion del Plan de Minado de junio de 2010, Antamina omite de mala fe datos básicos que harían incluir dentro de su área de influencia ambiental y social otras áreas, hábitats, distritos y principalmente, poblaciones de la región Huánuco; fundamentalmente los distritos de Punos y Llata, provincia de Huamalíes. Desafortunadamente se aprecia una clara complicidad de parte de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas”, señala el informe.
La Compañía Minera Antamina S.A., tiene un complejo minero que produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno y subproductos de plata y plomo; y está ubicado en el distrito de San Marcos.
El año pasado compró 1,808 hectáreas y 5,671 metros cuadrados de terreno a la comunidad campesina Túpac Amaru (distrito de Llata, provincia huanuqueña de Huamalíes), por casi 20 millones de nuevos soles, para construir un nuevo botadero de los residuos de la mina, conocido como botadero este.
“Este lugar tiene proyectado recibir un aproximado de 2,239 mt (mega toneladas) de desmonte en los siguientes 12 años. Se trata pues de una labor minera de gran envergadura que no cuenta con la resolución directoral de la Dirección General de Minería que apruebe su ejecución conforme a ley”, señala ProJusticia.
Asimismo indica que “el mineroducto, la carretera de entrada y salida; y las torres de alta tensión que transportan la electricidad al enclave minero Antamina se encuentran desde hace una década en Huánuco y sin embargo absolutamente ninguna parte de esta región aparece incluida en el área de influencia de Antamina”.
De igual manera señala irregularidades en la presentación de su EIA. Al respecto indica que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Minem exige la presentación un plano de concesiones conformantes del proyecto y que en respuesta, la minera “hace referencia al plano de concesiones mineras que muestra claramente la superposición de su botadero este en concesiones ajenas, las cuales no menciona en su listado de concesiones propias por obvias razones. Cabe indicar que las concesiones ajenas involucradas en su proyecto de ampliación están inscritas en Huánuco”.
De otro lado, ProJusticia hace notar la falta de información pública por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), respecto a impactos de Antamina en Huánuco.
Otro aspecto que aborda son las perforaciones: “Antamina viene realizando a la fecha perforaciones diamantinas con fines mineros sobre concesiones ajenas y registradas en Huánuco sin autorización del Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, ni de los titulares de las concesiones mineras”, refiere el informe.
FUENTE: INFOREGION
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